Si no queremos hijos nos obligan, si queremos nos lo impiden

Si no queremos hijos nos obligan, si queremos nos lo impiden
Si no queremos hijos nos obligan, si queremos nos lo impiden

No he decidido cuando tendré un hijo, pero me gustaría pensar que el día que lo decida, si tengo algún problema de infertilidad, podré recurrir a las técnicas de reproducción asistida.

Por: Ximena Andión Ibáñez

No he decidido cuando tendré un hijo, pero me gustaría pensar que el día que lo decida, si tengo algún problema de infertilidad, podré recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Me gustaría creer que, en ese supuesto, podré  beneficiarme de los avances científicos y que el Estado garantizará mi derecho a proteger mi salud y tomar decisiones  autónomas sobre mi reproducción. Hoy en día las mujeres en Costa Rica no tienen la posibilidad de hacer realidad estos escenarios.

En el año 2000 la Corte Constitucional costarricense prohibió de forma absoluta la fertilización in vitro, al considerarla inconstitucional porque atentaba contra el derecho a la vida del embrión. Desde entonces miles de personas en este país han visto truncado su deseo de tener hijos e hijas a través de este método, que en muchos casos era la única forma posible.

Ayer, 5 de septiembre, comenzaron las audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Artavia Murillo y otros (fertilización in vitro) Vs Costa Rica”. Con estas audiencias inicia la última parte de un proceso largo, de más de 11 años, llevado a cabo por un grupo de parejas con problemas de infertilidad quienes han estado luchando por que se declare al Estado responsable  por las afectaciones a sus derechos que tuvo la prohibición de la fertilización in vitro.

Éstas parejas y una clínica para tratar la infertilidad, presentaron una queja en el 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que la prohibición de la fertilización in vitro atentaba directamente contra sus derechos humanos reconocidos a nivel interamericano. Finalmente, después de un largo proceso, en el año 2010 la Comisión emitió su decisión en el cual determinó que Costa Rica estaba violando el derecho a la vida privada y a formar una familia. Asimismo, que estaba en violación del derecho a la igualdad, ya que el acceso a esta técnica era la única forma que las parejas hubieran podido superar esa situación de desventaja para tener hijos/as biológicos. La Comisión también determinó que esta prohibición había tenido una afectación mayor en las mujeres, debido al estigma en torno a la infertilidad de las mujeres. En esta decisión, la Comisión recomendó al Estado levantar la prohibición, garantizar el acceso a la fertilización in vitro y reparar de forma integral a las víctimas.

Las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fueron cumplidas por el Estado de Costa Rica. El Gobierno presentó una iniciativa de ley para supuestamente levantar la prohibición, que en realidad no cumplía con los estándares internacionales y que sometía a las mujeres a procesos costosos y que ponían en riesgo su salud física y mental. Esta falta de cumplimiento originó que la Comisión Interamericana, en consenso con las víctimas, enviara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal judicial en nuestra región, para que emitiera una decisión al respecto.

El debate de fondo en este caso y que se refleja con lo que está ocurriendo en las audiencias en la Corte, es en parte el tema del inicio de la vida y la protección de la vida en gestación. El tema es si los embriones y óvulos fecundados pueden equipararse a una persona nacida. El debate parece a veces, de la Edad Media, pero es mucho más actual de lo que pensamos.

El artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Si bien esta disposición indica una protección de la vida prenatal, la Comisión Interamericana ya ha señalado que la inclusión de “por lo general” implica que esta protección no es absoluta y admite excepciones. De hecho, la jurisprudencia e interpretaciones de los mecanismos internacionales y las cortes constitucionales han reiterado que los derechos no son absolutos. Esta disposición de la Convención Americana tampoco establece que el embrión sea igual a una persona. El derecho internacional de los derechos humanos no reconoce que los embriones o fetos tengan personalidad jurídica, los derechos, por lo general, se adquieren con el nacimiento.

Aunado a estas discusiones sobre el derecho de los embriones a la vida, en la Corte se está debatiendo si la prohibición de la fertilización in vitro es proporcional, razonable y objetiva. Considerando el interés legítimo que tiene el Estado de proteger la vida en gestación, la pregunta es sí la forma de hacerlo es mediante la prohibición absoluta de de la fertilización in vitro. La respuesta para mi es que existen formas más idóneas para proteger la vida en gestación  a través de la protección de las mujeres embarazadas. La vida en gestación debe proteger de forma progresiva e incremental y en compatibilidad con los derechos de las mujeres. La prohibición de la fertilización in vitro tiene un impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres y las parejas a tener hijos/as biológicas en condiciones de igualdad. No resulta razonable que el Estado restrinja estos derechos basados en concepciones morales o ideológicas que igual un embrión a una persona nacida y que caen en el absurdo de pensar que congelar embriones es como tener personas congeladas en un refrigerador.

En las audiencias ha quedado claro que el Estado de Costa Rica sigue en su postura de defender el derecho a la vida del embrión por sobre los derechos de las mujeres y las parejas. El perito que ofreció Costa Rica para la audiencia dice en su perfil de LinkedIn que “promueve la moralidad católica”. Por su parte, la Comisión y las organizaciones han presentado expertos y testimonios que ponen de manifiesto el impacto negativo que esta prohibición ha tenido en la vida de muchas parejas.

Después de estas audiencias la Corte seguirá allegándose de información y la decisión final se espera a principios del próximo año. Esta decisión, sentará un precedente que tendrá repercusiones en el reconocimiento de los derechos reproductivos no sólo en Costa Rica, sino en todo el Continente Americano.

Una decisión de la Corte que avale la prohibición de la fertilización in vitro y se fundamente en la protección absoluta del derecho a la vida, sería un precedente legal  que poco abonaría al respeto de los derechos de las mujeres, ya que podría impactar no sólo en el acceso a la reproducción asistida, sino también al aborto. En México, como en la mayoría de los países de la región, la reproducción asistida no está regulada pero se practica. No es descabellado pensar que pueda llegarse a dar el caso de prohibirla, de hecho hemos visto ya iniciativas legislativas en México que, con un supuesto afán de regularla, lo que pretenden es prohibirla en la práctica y establecer que el embrión es persona.

Ojalá que la Corte esté a la altura de las expectativas que tenemos las mujeres y las parejas que habitamos en esta región y que esperamos que más allá de consideraciones morales o religiosas se protejan nuestros derechos humanos.

*Ximena Andión Ibáñez, es directora de Desarrollo Estratégico.

Publicado en Animal Político

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