Dueñas de su destino

Acción en la marcha "Con Esperanza y Dignidad Fujimori Nunca Más", durante la campaña electoral de Keiko Fujimori (mayo de 2011). / Colectivo 'Mi cuerpo no es tu campo de batalla'

PERÚ I La lucha contra las esterilizaciones forzadas

Entre 1996 y 1998, más de 300.000 mujeres fueron sometidas a un programa de esterilización forzada durante el régimen de Fujimori. El movimiento de mujeres consiguió frenar las esterilizaciones e iniciar los juicios a los responsables. Tras años de dilaciones, el proceso se ha vuelto a abrir a finales de 2012.

Octubre de 1995. En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer el comité peruano tuvo un acompañante inesperado, el único jefe de Estado varón que se presentó en la cumbre: Alberto Fujimori. El presidente peruano se había plantado en Beijing con un programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) bajo el brazo y una sonrisa de actor holliwoodiense en la cara. “¡Las mujeres peruanas deben ser las dueñas de su destino!”, había declarado. El Estado permitiría a las familias de bajos recursos acceder a los métodos de planificación familiar de los que gozan las clases acomodadas. Les proponía reunirse para presentarles la propuesta.

Alberto Fujimori fue el único varón presente en la Cuarta Conferencia de la Mujer de Beijing. Allí presentó el plan que permitiría a las mujeres pobres ser “dueñas de su destino” “Fue una gran puesta en escena”, recuerda la abogada y socióloga feminista Giulia Tamayo. “Tengo que entrar a la reunión. Voy a advertirle de que lo voy a estar vigilando, que no se atreva a tocar a las mujeres indígenas”, dijo Hilaria Supa, una de las líderes indígenas más respetadas y representante de la Federación de Mujeres de Anta. “Yo no entro”, dijo Tamayo. El movimiento feminista, que llevaba años de coordinación entre mujeres rurales y urbanas, estaba muy implicado en la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos. Alberto Fujimori —actualmente en la cárcel por crímenes de lesa humanidad— había dado un autogolpe en 1992 e implementado un amplio programa de privatizaciones y otras medidas neoliberales.

Al poco tiempo Hilaria Supa le mandó un cassette a Giulia Tamayo. Las voces grabadas de mujeres campesinas quechuahablantes denunciaban que, en algún momento de la jugada fujimorista, a la AQV se le había caído la ‘V’: no se trataba de una anticoncepción quirúrgica voluntaria, sino obligatoria. Tamayo empezó a finales de 1995 a entrevistar a mujeres que habían sido esterilizadas. Con ayuda de Supa, comenzó a hablar con las mujeres andinas de Anta y Ayacucho que, aun “a sabiendas de que a ellas las podían desaparecer en cualquier momento”, habían sido las primeras en reaccionar.

“Encontré evidencias de cuotas, de un programa coercitivo. El informe contiene unos 250 casos, pero los testimonios eran muchos más”, y abarcaban todo el país, cuenta a DIAGONAL la investigadora. Gracias a su informe, el primero que se realiza y que luego da lugar al documental Nada Personal, quedó al descubierto el alcance del programa.

En las zonas más pobres, las cuotas eran más altas. Para cumplir con la cifra asignada a cada centro médico, se organizaban festivales de la ligadura de trompas: había bailes, fuegos artificiales y se podía ir al dentista o a la peluquería gratis. A las mujeres más pobres se les prometía una dentadura postiza, unas gafas o, simplemente, unos kilos de trigo o arroz, que a veces ni les daban.

Los insultos racistas y las amenazas eran comunes. “¡Hoy, en Perú, sólo los ricos pueden tener tantos hijos!”. A muchas las sacaban de casa a rastras, literalmente, bajo la amenaza de acusarlas de terroristas a ellas o a sus maridos. A efectos prácticos, en medio de un conflicto armado que se estima que dejó 69.280 víctimas mortales, ser acusada de ‘terruca’ era una sentencia de muerte.

En otras ocasiones, las mujeres ni siquiera sabían que iban a ser esterilizadas. Justo después del parto o con el pretexto de vacunarlas, las habían anestesiado y, en un visto y no visto, las habían operado En otras ocasiones, las mujeres ni siquiera sabían que iban a ser esterilizadas. Justo después del parto o con el pretexto de vacunarlas, las habían anestesiado y, en un visto y no visto, las habían operado. A veces, ni siquiera con la anestesia necesaria. Después de la operación, ninguna asistencia médica. Muchas de las mujeres operadas padecieron infecciones. Se tiene constancia de 18 muertes a raíz de las intervenciones, pero podrían ser muchas más. El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer estima que entre 1996 y 1998 unas 300.000 mujeres fueron esterilizadas y a unos 16.000 hombres se les practicó una vasectomía. La gran mayoría no denunció los hechos. Actualmente existen 2.086 casos pendientes en este macro juicio.

Desmontar el estigma

La idea de fertilidad de la mujer y la madre tierra está muy unida en la tradición indígena quechua y aymara. Las mujeres esterilizadas no solo tuvieron que sobrellevar los dolores sino el estigma ante sus comunidades, que las repudiaban por ser estériles, porque iban a esterilizar la tierra. En el caso de Anta, Hilaria Supa junto con otras 12 mujeres le dieron la vuelta al estigma. Asociaron la defensa de su cuerpo con la defensa del territorio. Reivindicaron sus cuerpos, su identidad indígena y la protección de la tierra frente a las agresiones externas. Las mujeres de Cusco empezaron a hacer rituales de sanación con la hoja de coca y se convirtieron en inspiración para las mujeres de otras regiones.

Para Tamayo todo el programa era una cuestión de recursos: “Era más barato esterilizar mujeres que invertir en anticoncepción y educación. Era la forma más rápida para reducir los indicadores de mortalidad materna y la tasa de natalidad, que se veían mal para el Banco Mundial, para todos los criterios de modernidad. La tasa de fecundidad tenía que ser reducida drásticamente. Y eso entraba dentro de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”. En ese momento se estaba renegociando el pago de la deuda y la obtención de créditos y, en una interpretación neo-maltusiana de los motivos de la pobreza, la demografía cobra fuerza: demasiadas personas y pocos recursos. Fujimori, profesor de matemáticas devenido dictador, echó sus cuentas.

En una interpretación neo-maltusiana de los motivos de la pobreza, la demografía cobra fuerza: demasiadas personas y pocos recursos. Fujimori, profesor de matemáticas devenido dictador, echó sus cuentas Desde mediados de 1996, gracias a que algunos medios de comunicación publicaron pruebas de que las esterilizaciones eran obligatorias, los colectivos de mujeres consiguieron desacelerar el ritmo de intervenciones. Estas denuncias ponían al Estado en una situación delicada de cara a sus financiadores, entre los que se encontraba como principal donante la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).

La polémica estalló con toda su fuerza en junio de 1998, cuando se publicó un reportaje sobre el caso de Mamérita Mestanza. Su muerte, a raíz de la operación, había dejado siete huérfanos. Ante la denuncia pública, el Estado peruano optó por frenar las esterilizaciones y destruir todas las pruebas del programa.

Reapertura de la causa

Entre escándalos de violaciones de derechos humanos y corrupción, Fujimori huyó del país en el año 2000. Para Tamayo, “las esterilizaciones lo que hacen es ponerle la guinda. La gente que se creía que estaba a salvo del conflicto armado y que nunca iba a tener un desaparecido, veían que sí podían tener en la familia una mujer esterilizada”.

En 2003, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Perú se comprometió a reparar a las víctimas y a avanzar en los juicios. Según la Corte, podría tratarse de un “genocidio”. Algunas de las reparaciones, como la prestación económica y de salud, sí se han realizado. Pero los juicios se han demorado durante años hasta que en noviembre de 2012 la reapertura de la causa contra los ministros de Salud, ocho altos funcionarios y el propio Fujimori se hizo efectiva.

Ante la denuncia pública, el Estado peruano optó por frenar las esterilizaciones y destruir todas las pruebas del programa Sin embargo, según expone a DIAGONAL la abogada de derechos humanos y representante de las afectadas Gloria Cano, no se ha dotado a la fiscalía que investiga de los recursos necesarios: “Teniendo en cuenta la cantidad de las víctimas, tendría que haber una fiscal dedicada en forma exclusiva. Si el Ejecutivo no presiona creando alguna comisión propia o destina recursos es muy difícil que la investigación se realice”.

Hilaria Supa transmite la principal demanda de las afectadas: “Que estos hechos sean denunciados ante la justicia, que la justicia castigue tanto a Fujimori como a sus ministros”. Según explica Tamayo, el motivo que subyace a las dilaciones en el caso de las esterilizaciones forzadas es que las estructuras fujimoristas permanecen intactas: “Aguinaga, que fue el ministro de Salud bajo el cual se llevó adelante este programa, es el hombre fuerte del Congreso. Son todos esos intereses los que no se quieren tocar”.

Fuente: Diagonal

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