Argentina, pionera en el derecho a la fertilidad

Así, Argentina se convierte en el primer país de América Latina que garantiza el acceso ilimitado de sus ciudadanos a un nuevo tipo de derecho: el de la fertilidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro parejas en el mundo en desarrollo tiene problemas para tener hijos. Un estudio publicado por el organismo en 2012 reveló que en todo el planeta hay unas 48.5 millones de parejas que no logran concebir después de cinco años.

Este problema creciente se da en un contexto de marcado descenso de la población debido a la caída en la tasa de natalidad en todo el mundo.

Las cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) muestran que mientras que en 1950 una mujer tenía en promedio cinco hijos, en 2010 esa cifra cayó a la mitad, principalmente por cambios culturales y un retraso en la edad para procrear.

En las regiones más desarrolladas la tasa de fecundidad ya cayó por debajo de la necesaria para mantener la población, algo que también ha empezado a ocurrir en algunos países latinoamericanos.

Es por esto que varias naciones de la región han implementado diversas medidas para fomentar la natalidad y una de ellas es ampliar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida que existen desde hacen más de tres décadas, pero que aún sólo están al alcance de las personas con mayor poder adquisitivo.

Fomentando la fertilidad

Argentina no sólo fue pionera al aprobar por ley el acceso gratuito a tratamientos de fecundación artificial. Ya en 2010 la provincia de Buenos Aires se había convertido en la primera de América Latina en brindar este servicio a través de la salud pública.

En la vecina Uruguay, la Cámara de Diputados también aprobó en octubre de 2012 un proyecto de ley similar a la legislación bonaerense que aún debe ser votado por el Senado para ser sancionado.

En tanto, otros países de la región han ampliado el acceso de sus ciudadanos a la reproducción asistida.

Brasil aprobó en 2011 una norma que permitió a las parejas homosexuales beneficiarse con técnicas de fertilización asistida mediante la donación de semen u óvulos. También dio a las personas solteras el derecho a realizarse estos tratamientos, aunque en ambos casos debe respetarse el derecho de objeción de conciencia de cualquier médico.

En Chile -el único país de Sudamérica cuya tasa de natalidad ya cayó por debajo del nivel de reemplazo- el gobierno anunció que duplicará el número de tratamientos de reproducción asistida que se ofrecen en las instalaciones de salud pública.

«El año 2009 en Chile se prestaban 250 tratamientos contra la infertilidad; el año 2012 se habían duplicado a 500; este año van a ser 1.500, pero el compromiso nuestro es llegar a 2.000 y, si es necesario, seguir incrementando esa cifra», dijo el presidente Sebastián Piñera la semana última durante una ceremonia para anunciar una serie de políticas de Estado para fomentar la natalidad.

A pesar de los esfuerzos del gobierno algunos creen que esa cifra es demasiado baja en un país en el que se estima que unas 350.000 parejas tienen problemas de fertilidad.

En mayo pasado la organización «Queremos Ser Padres» realizó una protesta frente al Palacio de la Moneda, la sede presidencial en Santiago, para reclamar un mayor acceso gratuito a las técnicas de reproducción.

«(La infertilidad) es un tema de salud pública, es un derecho que está amparado en nuestra Constitución, en los derechos humanos. La salud es un derecho y no un privilegio», señaló Patricia Ramírez, presidenta de la ONG.

Tratamiento caro

Sin embargo no todos creen que un procedimiento costoso como la reproducción asistida debería ser garantizado de manera gratuita a toda la población.

Una encuesta realizada en 2012 por la Universidad Diego Portales de Chile (UDP) mostró que el 56% de los consultados no creía que el Estado debía financiar todos los tratamientos, mientras que el 48% apoyaba el financiamiento público para las personas que no pueden pagar esa ayuda.

En Uruguay el tema de los costos también generó mucha controversia.

En ese país se estima que hay unas 6.000 parejas con dificultades para concebir y las técnicas de reproducción asistidas cuestan entre US$600 y US$12.000, dependiendo de si se requieren técnicas de alta o baja complejidad.

Tras la media sanción al proyecto de ley de reproducción asistida en octubre pasado, algunos expresaron su preocupación sobre la capacidad del Estado de absorber esos costos.

«Yo no le encuentro sentido a que salga una ley y después no haya posibilidad de financiamiento. O que para contemplar a los pacientes que están entre esos beneficiarios, debas sacar (dinero) de otro lado y se perjudique a un montón de personas más», dijo al diario El Observador el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo.

En Argentina, donde serían 600.000 las parejas infértiles que ahora podrían acceder a un tratamiento gratuito –según los cálculos de algunos legisladores que promovieron la nueva ley de fertilidad- también algunos expresaron su preocupación por los altos costos de estos procedimientos, que oscilan entre los US$2.300 y US$8.000 o más.

«Creo que es una irresponsabilidad de parte de los legisladores sancionar una ley sin saber cómo se va a financiar lo que aprueban. Lo que va a pasar es que el costo se va a prorratear entre todos los usuarios del sistema», anticipó al diario La Nación Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de Cimara, la cámara que agrupa a las empresas de medicina privada medianas y grandes en la Argentina.

«La gente que no quiera practicarse una inseminación artificial va a terminar financiando estos tratamientos», auguró.

A favor y en contra

A pesar de las objeciones, tanto en Argentina como en Uruguay los proyectos de ley sobre reproducción asistida fueron aprobados de forma casi unánime en el Congreso.

Algunos expertos en fertilidad recalcan que el 80% de los pacientes que reciben tratamientos solucionan sus problemas con técnicas de baja complejidad que no son tan costosas, como la estimulación ovárica y la inseminación intrauterina.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, señaló que el éxito que ha tenido allí la ley de fertilidad asistida desde que fue aprobada hace tres años demuestra que no hay que temer por las dificultades económicas.

«Era uno de los tantos mitos que había: se decía que no se iba a poder hacer», señaló, al tiempo que informó que desde que se aprobó la norma 12.000 personas realizaron consultas, 135 quedaron embarazadas y hubo 75 nacimientos.

Más allá del optimismo, lo cierto es que la ley bonaerense tiene varias restricciones que no aplican a la ley nacional y que podrían aumentar considerablemente el número de personas que se benefician con la norma.

A diferencia de la ley provincial, que sólo da acceso al tratamiento a parejas con problemas de infertilidad en la que la mujer tiene entre 30 y 40 años, la ley nacional beneficia a cualquier adulto que quiera realizarse el tratamiento, sin contemplar si es infértil, su edad o su estado civil. También beneficia a parejas homosexuales.

La Iglesia católica criticó la aprobación de la ley, asegurando que la norma busca beneficiar al negocio de las clínicas de fertilización.

«Abrieron el mercado de la vida humana a todo el mundo», fustigó el experto en bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA), el padre Rubén Revello.

«Ahora las clínicas de fertilización, que se presentan como las grandes solucionadoras de la vida de las familias, se hacen de una caja impresionante ya que las obras sociales y el colapsado sistema sanitario público tendrán que asumir los altísimos costos de unas prestaciones que difícilmente pueden calificarse de terapéuticas», sentenció.

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Publicado en BBC